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En el ámbito del alquiler de viviendas, las estafas pueden ser cometidas tanto por quien actúa como arrendador como por quien firma el contrato como arrendatario.
Entre las conductas más habituales se encuentra la de personas que ofrecen en alquiler viviendas sobre las que no tienen ningún derecho. Publican anuncios, conciertan visitas y solicitan cantidades en concepto de reserva, fianza o primeras mensualidades cuando en realidad no son propietarios ni tienen autorización para alquilar el inmueble. Tras recibir el dinero, desaparecen o nunca entregan la posesión de la vivienda.
También existen casos en los que quien formaliza el contrato mantiene alguna relación con el inmueble, pero carece de facultades para arrendarlo. Esto puede ocurrir cuando una persona actúa excediendo los poderes que realmente posee, cuando un copropietario alquila la vivienda sin autorización del resto o cuando un intermediario utiliza indebidamente la confianza depositada en él para quedarse con las cantidades entregadas por el futuro inquilino. Del mismo modo, puede existir engaño cuando se ocultan circunstancias que impiden disfrutar legalmente de la vivienda o se simulan contratos para aparentar una operación válida.
No obstante, no toda operación que termina frustrándose constituye una estafa. Si un intermediario actúa correctamente y el contrato finalmente no puede ejecutarse por causas ajenas a su actuación, estaremos, por regla general, ante un problema de carácter civil. La diferencia fundamental radica en determinar si desde el principio existía una voluntad de engañar o si el incumplimiento surgió posteriormente por circunstancias sobrevenidas.
La estafa también puede ser cometida por quien figura como arrendatario. Sin embargo, no todo impago del alquiler constituye un delito. Es esencial distinguir entre un simple incumplimiento contractual y una conducta penalmente relevante.
Cuando una persona deja de pagar la renta porque posteriormente atraviesa dificultades económicas, lo habitual es que nos encontremos ante un incumplimiento civil que deberá resolverse mediante las acciones correspondientes, como la reclamación de rentas o el desahucio. En cambio, puede existir estafa cuando desde el mismo momento de firmar el contrato el supuesto inquilino ya tenía la intención de no cumplir sus obligaciones y utilizó el engaño para conseguir la posesión de la vivienda.
Además, este tipo de fraudes suele ir acompañado de la utilización de documentación falsificada, como contratos de arrendamiento, nóminas, avales o firmas falsas. Dependiendo de las circunstancias del caso, esta conducta puede dar lugar, además de al delito de estafa, a responsabilidad por falsedad documental.
Junto a las consecuencias penales, la comisión de una estafa genera la obligación de indemnizar a la víctima por los daños causados. Esa responsabilidad puede incluir la devolución de las cantidades entregadas, el pago de las rentas impagadas y la reparación de otros perjuicios económicos directamente derivados del fraude. En determinados casos también puede reclamarse una indemnización por daños morales, siempre que estos queden debidamente acreditados.
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