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Cuando un inquilino deja de pagar, lo primero recomendable es intentar una comunicación directa para comprobar si se trata de un retraso puntual o de una situación más grave. Si no hay respuesta o el impago persiste, suele enviarse una comunicación formal, como un burofax, reclamando la deuda y concediendo un plazo razonable para su abono.
Si el impago continúa, la única vía legal para recuperar la vivienda es el procedimiento judicial de desahucio por impago de rentas. No está permitido forzar la salida del inquilino por medios propios, como cambiar la cerradura o cortar suministros, ya que estas conductas pueden constituir delitos. El desahucio requiere la presentación de una demanda ante el juzgado competente, generalmente con la intervención de abogado y procurador. Si el juez estima la demanda, dictará una resolución que ordena el desalojo y, en su caso, el pago de las cantidades debidas.
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, se ha introducido en muchos procedimientos civiles, incluidos los desahucios por impago, un requisito previo de procedibilidad. Antes de presentar la demanda, en la mayoría de los casos es necesario acreditar que se ha intentado un Medio Adecuado de Solución de Controversias, como la mediación o una negociación extrajudicial. Si no se cumple este requisito, el juzgado puede no admitir la demanda. Esta exigencia no elimina el derecho a reclamar por impago, pero condiciona el acceso al procedimiento judicial.
Para interponer la demanda, normalmente se debe aportar el contrato de arrendamiento, prueba del impago (extractos bancarios o recibos pendientes), documentación que acredite la titularidad del inmueble, y justificantes de las comunicaciones formales remitidas al inquilino. A partir de 2025, también debe acreditarse el intento previo de resolución amistosa mediante un MASC cuando resulte exigible.
El procedimiento judicial no es inmediato. Su duración depende de la carga de trabajo del juzgado y de las actuaciones procesales que realice la parte demandada. Puede prolongarse varios meses o incluso más tiempo si se plantean incidencias procesales.
Además, la legislación prevé la posibilidad de suspensión temporal del lanzamiento cuando el inquilino acredita una situación de vulnerabilidad social o económica grave. En estos supuestos, los servicios sociales intervienen y pueden ampliarse los plazos del procedimiento.
Una vez recuperada la vivienda, el propietario puede seguir reclamando judicialmente las rentas impagadas y otros importes adeudados. Si el deudor dispone de bienes o ingresos, es posible solicitar embargos para satisfacer la deuda reconocida judicialmente.
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