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En relación con el arrendamiento de habitaciones, se equipara al de vivienda habitual cuando su finalidad principal sea satisfacer la necesidad de alojamiento del arrendatario. La calificación dependerá de la finalidad real del contrato, con independencia de que se alquile una vivienda completa o una parte de ella.
Por su parte, el arrendamiento de vivienda temporal pasa a contar con una regulación específica. Comprende los contratos destinados a cubrir necesidades de alojamiento derivadas de circunstancias temporales justificadas y acreditables. La causa deberá constar expresamente en el contrato y ser real. La duración deberá ser superior a 31 días y, con carácter general, no podrá exceder de 12 meses. Si se supera este límite sin justificación o se celebran más de dos contratos consecutivos entre las mismas partes sobre la misma vivienda, el primer contrato se considerará de vivienda habitual, en los términos previstos en la norma. Desaparece así el arrendamiento de temporada como modalidad de arrendamiento para uso distinto del de vivienda.
En cuanto al desistimiento, el arrendatario de una vivienda temporal podrá finalizar el contrato una vez transcurrido un mes, con un preaviso de diez días, sin que proceda indemnización a favor del arrendador por este motivo.
En materia de renta, se establecen límites a la repercusión de gastos y conceptos adicionales en las zonas de mercado residencial tensionado. No podrán incorporarse determinados gastos que no figuraran en el contrato anterior ni establecer condiciones que permitan superar el límite máximo de renta aplicable cuando el arrendador sea gran tenedor. Asimismo, en los contratos sucesivos de vivienda temporal, los incrementos de renta estarán limitados por el índice de referencia de actualización de los arrendamientos de vivienda (IRAV). En los alquileres por habitaciones, la suma de las rentas de los contratos simultáneos no podrá superar la correspondiente al alquiler de la vivienda completa.
Respecto de los gastos, se limita la posibilidad de trasladar al arrendatario los tributos vinculados a la vivienda, salvo que tenga legalmente la condición de obligado tributario. También se prohíbe repercutir los gastos de comunidad en edificios que no estén constituidos en régimen de propiedad horizontal, así como los gastos de gestión y formalización del contrato.
La reforma modifica igualmente el régimen de reparaciones. Cuando existan daños que afecten a la habitabilidad, seguridad o salubridad, el arrendatario podrá realizar las reparaciones necesarias y descontar su importe de las rentas futuras si ha comunicado previamente su necesidad por escrito, acompañado un presupuesto razonable y el arrendador no ha respondido en 15 días. En las viviendas temporales, el arrendador deberá responder en un plazo de cinco días hábiles a las comunicaciones sobre reparaciones. También se precisan sus obligaciones de conservación y la responsabilidad sobre las pequeñas reparaciones derivadas del uso ordinario.
En relación con el derecho de adquisición preferente, cuando la vivienda se venda conjuntamente con otros inmuebles o activos, la notificación deberá especificar el precio atribuido a aquella y los criterios empleados para calcularlo. El derecho de tanteo y retracto podrá ejercitarse siempre que la vivienda sea jurídicamente individualizable. Además, se elimina la posibilidad de pactar la renuncia del arrendatario al derecho de retracto.
En materia de garantías, se prohíbe exigir la contratación de seguros de impago de rentas u otras coberturas similares. En los arrendamientos temporales, la garantía adicional a la fianza no podrá superar una mensualidad. Al finalizar el contrato, deberá documentarse por escrito el estado de la vivienda mediante un documento firmado por ambas partes. Si no se firma o no se reflejan desperfectos, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el inmueble se devuelve en buen estado de conservación.
Por otra parte, se incorpora un régimen sancionador vinculado a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y a la normativa europea sobre recogida e intercambio de datos de los alquileres de corta duración. Se regulan las infracciones, las sanciones, los sujetos responsables, los plazos y los procedimientos aplicables.
La nueva regulación estatal se aplicará sin perjuicio de las disposiciones autonómicas dictadas en el ejercicio de sus competencias. Finalmente, los contratos de temporada y similares celebrados con anterioridad mantendrán el régimen jurídico que les correspondía hasta su finalización, sin posibilidad de prórroga. Si se renuevan, quedarán sujetos a las nuevas disposiciones sobre arrendamientos de vivienda temporal.
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